Subsanación instancia telemática no finalizada (II). STS 15 enero 2024.

Función Pública

Subsanación instancia

Imagen de Pete Linforth en Pixabay.

La presentación de instancias en papel, en la nueva era de la administración electrónica, va perdiendo protagonismo en favor de los medios electrónicos y la presentación de instancias telemáticas. El problema es que la presentación en formato papel no genera muchas dudas porque el administrado acude al registro con original y su copia (a veces ya no es necesaria la copia) y al presentarse se genera el justificante de presentación que le entrega el funcionario de la oficina de registro. En cambio, en sede digital y procedimientos más complejos de presentación, que se dividen en varias fases, pueden surgir dudas, problemas y errores.

Hablamos de supuestos, como el de aspirantes en procesos selectivos, que deben ir avanzando por distintas fases, abonar tasas, generar el documento final, firmar digitalmente y presentar electrónicamente dicho documento final. Si por algún motivo yerran al ultimar la presentación, aunque lleguen al estadio final y queden constancia de dichas actuaciones en el sistema informático de la Administración, los perjuicios pueden ser muy gravosos.

Posteriormente, cuando se ven preteridos de las listas de admitidos -y también de excluidos- la Administración rechaza su participación porque entiende que la falta de firma electrónica y presentación hace inoperativo el instituto jurídico de la subsanación, en el sentido de que no se puede subsanar lo que no existe.

Respecto al fondo de la cuestión ya escribimos una anterior entrada Link en la que defendíamos los argumentos de porqué sí era aplicable la subsanación, también a estos intentos errados de presentación de instancias telemáticas -en ciertos supuestos-, fundamentación que fue finalmente aceptada por la STS de 31 de mayo de 2021.

Dicha doctrina se ha reiterado con posterioridad en diversos fallos del Alto Tribunal, centrándonos a continuación en la STS de 15 de enero de 2024, que pasamos a comentar a continuación:

Antecedentes.

La sentencia en el FD I realiza una síntesis de los mismos:

«Los antecedentes del asunto, por lo que ahora específicamente importa son como sigue. El recurrente se presentó a una bolsa de trabajo para profesorado convocada por la Junta de Andalucía. Consta que había abonado la tasa correspondiente por vía telemática; pero la solicitud, también por vía telemática, no fue correctamente firmada y registrada. Ello determinó que fuera excluido del proceso selectivo, mediante resolución de la Directora General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos (Junta de Andalucía) de 16 de junio de 2017. El afectado interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado por la sentencia ahora impugnada. Esta, a la vista de los informes técnicos aportados, entiende que funcionó correctamente el programa informático mediante el que debían presentarse las solicitudes al mencionado proceso selectivo. Así, ajustándose al criterio adoptado por la propia Sala de instancia en una sentencia anterior dictada en un caso similar, concluye que la exclusión del recurrente del proceso selectivo fue ajustada a Derecho, sin que fuera necesario darle la oportunidad de subsanar el requisito omitido.»

Fondo del asunto.

En cuanto al fondo del asunto reiteramos básicamente los mismos alegatos manejados en el recurso de casación 6119/2019 resuelto por la STS 31 de mayo de 2021, que comienza transcribiendo la STS de 15 de enero de 2024 al señalar:

«[…] Abordando ya la cuestión de interés casacional objetivo, esta Sala no alberga ninguna duda sobre la respuesta: el deber de dar un plazo de diez días para la subsanación de las solicitudes que hayan omitido la “firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio”, en palabras del vigente art. 66.1.e) de la Ley 39/2015, está expresamente previsto por el art. 68 del mismo cuerpo legal. Y que la vigente legislación de procedimiento administrativo ha sido ya pensada para la llamada “Administración electrónica” resulta evidente de la simple lectura de la citada Ley 39/2015, para la que el modo tendencialmente normal de comunicación entre la Administración y los particulares es el electrónico. Así las cosas, sería sumamente difícil -por no decir imposible argumentar que la previsión legal del carácter subsanable de la omisión de firma en las solicitudes no es aplicable a las solicitudes presentadas por vía electrónica. Ello vale igualmente para aquellas omisiones que, sin referirse a la firma electrónica propiamente dicha, afectan a la “acreditación de la autenticidad de la voluntad” del solicitante, como podría ser el paso final de validar lo formulado y enviado por vía electrónica…»

Primera cuestión relevante, la subsanación es predicable de las solicitudes presentadas por vía electrónica, inclusive en lo referente al último paso de acreditación de la autenticidad de la voluntad de participar, que es el que más problemática genera -cuando el administrado cree que ha finalizado la presentación pero en realidad se ha quedado a las puertas-.

«…Una vez respondida la cuestión de interés casacional objetivo, la resolución del presente recurso de casación no ofrece especial dificultad. Está acreditado que la recurrente siguió todos los pasos, salvo el último, para la presentación de su solicitud por vía electrónica: consta que “pagó la tasa, completó el formulario y grabó la solicitud”. Además, la Letrada de la Junta de Andalucía no discute que, a falta de realizar el último paso, la recurrente se encontró con la indicación “solicitud cursada con éxito”. Es claro, así, que la única omisión, tal como se dice en la sentencia impugnada, fue que “no realiza ni firma electrónica de su solicitud ni realiza el registro de la misma en el registro electrónico”. Ello significa que lo omitido es precisamente la firma o acreditación de la voluntad del solicitante, supuesto contemplado por el art. 70.1.d) de la Ley 30/1992 -equivalente al actual art. 66.1.e) de la Ley 39/2015- que da lugar al deber de emplazamiento por diez días para subsanación, previsto en el art. 71 de la mencionada Ley 30/1992 y actualmente en el art. 68 de la Ley 39/2015. En suma, los hechos del caso son subsumibles en el supuesto de hecho de la norma.

Frente a ello, la Letrada de la Junta de Andalucía opone que el programa informático funcionó correctamente y que, si no se siguen todos los pasos del mismo, la Administración no puede tener noticia de las solicitudes defectuosas. De aquí, como se dijo más arriba, proviene su afirmación de que en el presente caso hay una absoluta falta de presentación de la solicitud.

Pues bien, esta objeción no es convincente. La Administración no puede escudarse en el modo en que ha sido diseñado el correspondiente programa informático para eludir el cumplimiento de sus deberes frente a los particulares, ni para erosionar las garantías del procedimiento administrativo. Más aún: la Administración conoció -o pudo conocer- que la recurrente había pagado la tasa. A ello debe añadirse que, incluso aceptando a efectos
puramente argumentativos que no sea técnicamente posible recibir automáticamente información sobre los pasos dados por todos aquéllos que han accedido al programa informático, la Administración debe, en todo caso, dar la posibilidad de subsanación cuando el interesado reacciona frente a su no inclusión en la lista de admitidos y acredita que sólo omitió el paso final, esto es, la firma electrónica y el registro de su solicitud.»

Es decir, aún en el hipotético caso de que la Administración no tuviera conocimiento de dicha presentación, por no registrarse la presentación última, sí puede tener constancia desde el momento en que el interesado reacciona -de modo diligente- poniendo en conocimiento esta circunstancia, que en todo caso podrá ser comprobada por la Administración en sus sistemas informáticos, en los que habrán quedado grabados esas actuaciones previas.

«…La Letrada de la Junta de Andalucía formula otra objeción, que tampoco puede acogerse, a saber: que la recurrente habría podido presentar su solicitud mediante el sistema tradicional. Que hubiera una alternativa a la vía electrónica no justifica que en ésta dejen de aplicarse las garantías legales del procedimiento administrativo.»

Otro elemento relevante, el hecho de que esté habilitado otro medio de presentación, como es el formato papel, no puede implicar que el sistema electrónico carezca de las garantías legales propias del procedimiento administrativo.

Llegados a este punto hay una novedad, en el sentido de que la Administración conocedora de esta jurisprudencia interesa se modifique la misma:

«Conviene añadir que la Letrada de la Junta de Andalucía, en su escrito de oposición al presente recurso de casación, afirma conocer el criterio jurisprudencial establecido por esta Sala a partir de la citada sentencia de 31 de mayo de 2021. Pero respetuosamente objeta que la interpretación
seguida por esta Sala es errónea y debería ser corregida. En sustancia, sostiene que la Junta de Andalucía no niega que el art. 68 de la Ley 35/2015
sea aplicable a las solicitudes presentadas por vía telemática: lo que afirma es que dicho precepto legal no es aplicable cuando no ha habido presentación de la solicitud. Para que quepa la subsanación es preciso, a su modo de ver, que haya habido una solicitud; lo que no ocurre en casos como este, en que la solicitud por vía telemática no llega a realizarse.»

El alegato principal sigue descansando en que entiende inexistente la instancia telemática si no se finaliza su presentación en todas sus fases, y por ello se debe rechazar la subsanación -no se subsana lo que no existe-.

El Tribunal Supremo, en la referida STS de 15 de enero de 2024 rechaza modificar la jurisprudencia vigente sobre el particular y añade::

«Esta objeción no puede acogerse, porque el recurrente sí realizó operaciones por vía telemática tendentes a la presentación de su solicitud.
Cosa distinta es que, por unas razones u otras, no siguiera los pasos adecuados y su solicitud no quedase registrada. Es precisamente en este
punto donde hay que llamar la atención sobre los deberes que incumben a la Administración para el arraigo y la buena marcha de su funcionamiento por medios telemáticos. En efecto, al enunciar los derechos de las personas en el procedimiento administrativo, el art. 13 de la Ley 39/2015 declara en su apartado b): “A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.” Ello significa que la Administración no puede fundar sus actos desfavorables para los particulares en la mera falta de pericia de estos para el manejo de medios telemáticos. Debe, por el contrario, demostrar que ha hecho lo razonablemente posible para facilitarles el correcto uso de los mismos, así como la subsanación de errores y omisiones; algo que, en el presente caso, no consta que hiciera.»

Ratifica la jurisprudencia anterior y recuerda a la Administración la obligación de asistir y ayudar a los ciudadanos en el uso de los medios digitales, poniendo el foco en esa parte de la población con menores conocimientos informáticos y falta de pericia en el manejo de sedes electrónicas y, en su caso, debe permitir la subsanación cuando se acredita buena fe y un grado de cumplimiento razonable.

En este sentido igualmente podemos recordar -como ya se ha dicho en otras ocasiones- que «errar es humano» y las consecuencias de negar la subsanación como regla general a todo error telemático es desproporcionado e injusto.

En definitiva, la doctrina fijada por la STS de 31 de mayo de 2021 sigue plenamente vigente como garantía para el ciudadano que actúa de buena fe.

Rafael Rossi Izquierdo -Abogado-.

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