Valoración experiencia en fase de concurso y singularidades.

Experiencia

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Ponderación de la experiencia en fase de concurso.

Las bases de convocatoria establecen las reglas de baremación de los méritos a computar en fase de concurso. Dentro de ese elenco de méritos destaca el de la experiencia previa, y por ello su regulación puede ser determinante para el resultado final del listado de seleccionados.

A la hora de puntuar los ejercicios / méritos existe una clara diferencia entre las facultades de las que goza la Administración para llevarlo a efecto. La baremación de los ejercicios de la fase de oposición, como el desarrollo de un caso práctico o desarrollo de un ejercicio teórico, entra dentro del núcleo duro de sus facultades discrecionales. Pero cuando hablamos de calificación de méritos estamos antes supuestos de interpretación jurídica, en la que no caben múltiples soluciones -todas ellas válidas en derecho-, sino una sóla. Es decir, la concreta puntuación de un curso, titulación, o de una experiencia previa -y cualquier otro mérito que se haga valer- es algo reglado en atención al contenido de las bases de convocatoria.

La STS de 8 de febrero de 2023 resuelve un litigio sobre baremación de servicios prestados, realizando unas interesantes reflexiones.

Antecedentes.

La discusión en este caso versaba sobre una actualización de bolsas de trabajo de la categoría de enfermería del Servicio Extremeño de Salud y, más en concreto, sobre la procedencia de la baremación de unos servicios prestados en unidades de asistencia sanitaria de dos residencias de la tercera edad de titularidad privada.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Badajoz de 26 de febrero de 2020 estimaba parcialmente el recurso, y posteriormente el fallo era revocado por el TSJ de Extremadura.

Se interpuso recurso de casación, admitido por Auto de 22 de junio de 2022, que fija como cuestión de interés casacional:

«Determinar si, a los efectos de baremación de méritos en procesos selectivos convocados por los Servicios de Salud, los servicios sanitarios prestados en residencias de mayores, sólo pueden alcanzar la categoría de institución sanitaria, si las residencias son de titularidad pública, o si, por el contrario, su naturaleza privada no obsta, por si misma, a que los servicios sanitarios que en ella se prestan estén insertos en un sistema general y organizado, como es la red pública de residencias de mayores, y puedan alcanzar la categoría de institución sanitaria.«.

 

STS de 8 de febrero de 2023, rec. 4455/2020

La STS de 8 de febrero de 2023 comienza recordando lo manifestado en la previa STS de 13 de octubre de 2022, que a su vez traía a colación la STS nº 1765/2018, en la que se discutía sobre baremación de servicios prestados en residencias de ancianos, pero en la que partíamos de unas premisas distintas, ya que las bases -en aquel supuesto- exigían que los servicios se prestaran no sólo en instituciones sanitarias -como en este caso-, sino también pertenecientes al Sistema Nacional de Salud -SNS-.

El TS recuerda que en el supuesto del 2018 se estimó el recurso de casación interpuesto por el Sergas, no porque la residencia de la tercera edad careciera de la condición de institución sanitaria, sino porque fallaba el segundo presupuesto que fijaban las bases, al no encontrarse integradas en el SNS.

Y añade:

«3. Tanto la sentencia ahora impugnada como la Administración han hecho una lectura parcial de nuestra sentencia, con olvido de que lo declarado en una sentencia cobra sentido y se capta su alcance si se parte de los hechos y de lo alegado por las partes, lo que conforma la cuestión litigiosa. Así, en aquel caso lo determinante fue que el mérito para ser valorable debía ganarse en una institución sanitaria pública, en concreto del Sistema Nacional de Salud, lo que no es litigioso en este caso pues el mérito baremable debe obtenerse en un centro o institución sanitaria privada.

4. Por tanto, lo razonado en aquella sentencia acerca de que la actividad en esos servicios se inserte en un «sistema general y organizado» de titularidad pública venía condicionado por lo específico del caso y en él se ventiló si un concreto servicio sanitario -la unidad de asistencia sanitaria de una residencia de ancianos integrada en una red pública y de ámbito autonómico de residencias de ancianos- entra o no en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y la conclusión fue negativa: por eso se estimó el recurso del SERGAS, cuestión que no se hubiera planteado -no habría habido pleito- si hubiese sido privada.»

Cuando un aspirante en un proceso selectivo acompaña sus méritos se constituye en un reflejo de una determinada carrera profesional con infinitas posibilidades, aplicando unas concretas bases y, caso de desacuerdo, el litigio lo conformarán las partes en el que enfrentarán sus respectivas alegaciones, dando lugar a un fallo que no puede desligarse de lo discutido previamente. Quiere esto decir que no es sencillo extraer reglas generales, debiendo estar al caso concreto, y lo que puede parecer que es válido en un supuesto puede ser todo lo contrario en otro, porque partimos de realidades que no son equiparables.

La STS de 8 de febrero de 2023 reitera la consideración de que las unidades de asistencia sanitaria de una residencia de mayores sí se catalogan como institución sanitaria a los efectos del cómputo de experiencia en esas bolsas de empleo, y ello con independencia de su titularidad pública o privada ya que, como había avalado anteriormente, «…en ella se presta una «actividad sanitaria» definida en el artículo 2.1.d) del Real Decreto 1277/2003, de ahí que sea un «servicio sanitario» sólo que prestado fuera de un «centro sanitario».

2. A las unidades de asistencia sanitaria de residencias de mayores de titularidad privada, permanentes, organizadas y adecuadamente dotadas con personal cualificado y medios, cabe entenderlas integradas en el sistema y organización de esas residencias. Cabe también que formen parte de la oferta asistencial de «centros sanitarios», en cuyo caso la idea de «sistema general y organizado» tendría otro alcance.

3. En consecuencia y a los efectos del artículo 93.1. de la LJCA, concluimos que los servicios sanitarios prestados en residencias de mayores pueden considerarse prestados en «institución sanitaria», ya sean residencias de titularidad pública o privada.»

Y añade:

«3. En definitiva, no se ha planteado si la unidad asistencial de la Residencia Geriátrica Virgen de la Montaña II como «servicio sanitario» está o no integrada en un «centro sanitario» conformando su oferta asistencial; lo relevante es que a los efectos del mérito evaluable según el Pacto el trabajo allí realizado es valorable al prestarse en una «institución sanitaria» según lo ya expuesto para dar sentido e integrar esa categoría amplia y omnicomprensiva, en la que hemos incluido a los centros sanitarios y a las unidades de asistencia sanitaria integradas como servicio sanitario en las residencias de mayores o ancianos.»

Otro elemento que considera relevante fue la modificación del Pacto de contratación, que inicialmente restringía la baremación del mérito a la prestada en unos concretos centros sanitarios privados referidos en el  Anexo I C.1.1, C.1.2 y C.1.3 del RD 1277/2003, pero posteriormente se elimina dicha restricción, sin que el concepto de «institución sanitaria» implique necesariamente una naturaleza pública a los efectos del cómputo de la experiencia prestada -en referencia a ese concreto Pacto de contratación-.

Rafael Rossi Izquierdo -Abogado-.

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