Denegación de prueba, «posverdad» e indefensión en el procedimiento administrativo.

Procesal

 

La denegación de prueba en la instrucción del procedimiento administrativo y posibles efectos.

En fechas recientes se han publicado dos entradas muy interesantes que tienen como eje la prueba en el procedimiento administrativo, por un lado en el blog del abogado Diego Gomez se desarrollaba la cuestión de las limitaciones y prohibiciones probatorias en fase de recurso administrativo contenidas en el art. 118 de la Ley 39/2015 Link ; y por otro en el blog referencia de derecho público del magistrado JR Chaves se expuso un curioso supuesto de prueba testifical «en conjunto» Link . En esta entrada nos centraremos en otro aspecto que es la denegación por el instructor de la prueba propuesta, que finalmente tiene como consecuencia la desestimación de la reclamación en base a esa «laguna» probatoria -no imputable al administrado-.

La acreditación de los hechos en la jurisdicción contencioso administrativa a veces no entraña mayor complejidad, centrándose el debate en la interpretación jurídica de la norma respecto a una realidad acreditada en el expediente administrativo. Ahora bien, en otros supuestos es fácil que exista controversia siendo determinante la prueba para el resultado de la litis, tratamos por ejemplo de procedimientos disciplinarios/sancionadores o de responsabilidad patrimonial -como puede ser la sanitaria-.

En estos casos conocer de la manera más fiel posible la realidad de lo acontecido es imprescindible para resolver de modo ajustado a derecho y para ello la correcta y completa práctica de la prueba  -sin mutilaciones- es indispensable.

La ley 39/2015 en su artículo 77 dispone:

«Artículo 77. Medios y período de prueba.

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.

3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada…»

Imaginemos que tratamos de un supuesto de responsabilidad patrimonial sanitaria que versa sobre deficiente atención en urgencias, siendo necesario examinar esos hechos conforme la «lex artis» y por ende el estado en el que llegó el paciente al centro sanitario, existiendo múltiples testigos que pueden corroborar dichas circunstancias. Esta prueba testifical es propuesta en debida forma y sin embargo es rechazada por innecesaria y posteriormente, en la propuesta de resolución -avalada por la resolución definitiva-, se propone la desestimación porque no se ha acreditado que el paciente acudiese a urgencias sufriendo patología de gravedad, la cual pudo acontecer con posterioridad.

En resumidas cuentas, estamos ante lo que consideramos una actuación administrativa muy cuestionable, en el sentido de que en primer término se niega que sea útil o pertinente una determinada prueba para posteriormente hacer descansar sobre dicha ausencia de práctica probatoria la desestimación.

Ocurre por tanto que en sede administrativa se crea una posverdad –distorsión deliberada de la realidad-, o simplemente unos hechos alternativos a la carta, ya que la práctica de la prueba -o más bien la denegación de una parte esencial de su objeto- predetermina el resultado que parece buscado desde un inicio -la desestimación-, apartándose claramente del concepto de interés general en el sentido de que el ordenamiento jurídico no busca «per se» las desestimaciones de todas las reclamaciones administrativas, sino de aquellas que no sean ajustados a derecho.

Otra cuestión a destacar es el alcance y consecuencias de esta improcedente denegación de prueba a los efectos del dictamen del Consejo Consultivo, y aquí las respuestas son dispares. En este concreto caso el dictamen es favorable a la propuesta desestimatoria, pero no porque necesariamente avale la denegación de la prueba sino porque aunque sí la consideraba pertinente y reconocía que se había propuesto en debida forma, quedaba extramuros del dictamen cuestionar dicha denegación. Nos encontramos por tanto con que formalmente tenemos un dictamen favorable evacuado respecto a una realidad paralela o unos hechos alternativos que pueden no tener ninguna relación con la verdad de lo acontecido, pero que son avalados desde el momento en que se renuncia a cuestionar esa posverdad. De todas maneras hay que destacar que esta posición no es unánime y en otros dictámenes el mismo Consejo Consultivo sí ha ordenando la devolución de la propuesta y la retroacción del procedimiento al momento oportuno al objeto de que se proceda a la práctica de actuaciones instructoras complementarias -identificando las mismas- para que una vez sean evacuadas se eleve nueva propuesta al Consejo para emitir el dictamen que proceda.

Llegados a este punto la pregunta es ¿y ahora qué?. Es evidente que la denegación de pruebas sobre hechos esenciales para la resolución del procedimiento lamina el derecho de defensa del administrado y repugna al ordenamiento jurídico (art. 24.2. CE) con lo que parece obvio que tendrá repercusiones en sede contencioso administrativa, y en este sentido creemos que grosso modo debemos distinguir dos tipologías de procedimientos sobre los que ya existe consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

1.- Procedimientos disciplinarios / sancionadores.

Dicha incorrecta actuación no puede ser sanada posteriormente en sede judicial, debiendo declararse la nulidad de lo actuado sin posibilidad de enmienda. En este sentido podríamos citar entre otras STC 35/2006, de 13 de Febrero en la que entra a valorar la vulneración de derechos fundamentales en la tramitación del procedimiento administrativo sancionador señalando:

“…tal vulneración no podría ser sanada en la vía contencioso administrativa, pues como señala la STC 59/2004 de 19 de Abril FJ 4, “el posterior proceso contencioso administrativo no puede servir nunca para remediar las posibles lesiones de garantías constitucionales causadas por la Administración en el ejercicio de su potestad sancionadora. Ello es así, entre otras razones… el objeto del proceso contencioso administrativo lo constituye la revisión de un acto administrativo de imposición de una sanción.”

2.- Otros procedimientos.

En otros supuestos distintos a los anteriores lo razonable sería practicar dicha prueba en sede judicial. Existe nutrida jurisprudencia del TC y TS sobre la improcedente denegación de prueba en sede judicial que posteriormente sirve para motivar la desestimación por la falta de acreditación de esos hechos y sus consecuencias, cuestión que guarda evidente analogía con nuestro supuesto, pudiendo citar STC 42/2007, de 26 de febrero de 2007:

“…Así pues, la Sentencia impugnada admite que estamos ante una cuestión no sólo jurídica, sino también fáctica, pero desestima el recurso contencioso-administrativo porque los recurrentes no demuestran la existencia de nexo causal entre el fallecimiento del paciente y la asistencia sanitaria ofrecida al mismo, con inadmisión previa de las pruebas que pretendían acreditar este extremo. No es razonable considerar a priori, salvo que se esté prejuzgando, que el informe de un perito médico designado judicialmente no podrá rebatir los informes médicos obrantes en el expediente y realizados por los facultativos que atendieron al paciente. Debemos recordar en este punto la reiterada doctrina de este Tribunal, conforme a la cual el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa impide a los órganos judiciales denegar una prueba oportunamente propuesta por las partes, o dejar de practicarla si ésta es admitida, y luego fundar su decisión en la falta de acreditación de los hechos cuya demostración se intentaba obtener con la prueba omitida (SSTC 37/2000, de 14 de febrero (LA LEY 5197/2000), FJ 4; 246/2000, de 16 de octubre (LA LEY 11800/2000), FJ 5; 73/2001, de 26 de marzo (LA LEY 5119/2001), FJ 4; 4/2005, de 17 de enero (LA LEY 10837/2005), FJ 5; y 308/2005, de 12 de diciembre (LA LEY 10363/2006), FJ 4).

En último término, ha de subrayarse, en la línea de lo que argumentan el Ministerio Fiscal y los recurrentes en amparo, que con esa forma de proceder el órgano judicial ha producido una indefensión material a la parte recurrente, puesto que le ha impedido la práctica de pruebas sobre un extremo decisivo en un pleito en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, como es demostrar la relación de causalidad entre la asistencia sanitaria prestada y el fallecimiento del paciente. Así, indican los demandantes que «un examen exhaustivo de la historia clínica» era necesario para una prueba pericial que tiene carácter «esencial», alegando el Fiscal que los demandantes «no han tenido oportunidad de demostrar al Tribunal el objeto de sus pretensiones de fondo…».

La solución en este otro caso vendrá dada por la práctica en sede judicial de toda la prueba pertinente, aunque obviamente lo correcto hubiera sido que se practicara previamente en sede administrativa, entre otras cuestiones porque así el procedimiento judicial serviría para enjuiciar una resolución que contaría con una propuesta y un dictamen que versaría sobra la realidad de lo acontecido y no sobre una posverdad.

Rafael Rossi Izquierdo -Abogado-

https://www.contenciosos.com/blog/

 

 

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