Inadmisión en sede administrativa y su fiscalización judicial: Retroacción o fondo del asunto.

Procesal

 

Alcance del pronunciamiento judicial en relación a una previa inadmisión en sede administrativa.

Es importante antes de iniciar cualquier procedimiento judicial verificar una serie de cuestiones esenciales como el cumplimiento de los requisitos procesales básicos, hablamos del agotamiento de la vía administrativa, efectuar la interposición dentro de plazo hábil, acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas…, y junto a estas cuestiones de inexcusable cumplimiento también será conveniente hacerle saber al recurrente lo que significará el recurso de modo aproximado, plazos, probabilidades de éxito -cuestión siempre compleja porque certezas pocas hay-, posible imposición de costas y criterio manejado al respecto por el Tribunal o Juzgado en el que se peleará la cuestión, etc… Ahora bien, cuando la Administración ha zanjado de plano la petición del administrado mediante una inadmisión, surge una nueva duda respecto a si el Tribunal entrará en el fondo del asunto o procederá a ordenar la retroacción del expediente al momento oportuno.

Declaraciones de inadmisión no son del todo infrecuentes, bien por razón temporal, por cuestiones formales de acreditación de la representación, por existir acto firme y consentido, porque ese concreto procedimiento establece un filtro preliminar como ocurre con la revisión de oficio y el artículo 106.3. de la Ley 39/2015, etc. Puede ocurrir por tanto que el administrativo esté interesado en interponer un recurso contencioso administrativo en la creencia de que ese motivo de inadmisión es injusto y como consecuencia natural de todo ello  pretender que el fallo estime la demanda no sólo frente a este punto sino también en cuanto al fondo.

Lo cierto es que estamos tratando no de una petición, sino de dos, con el añadido de que respecto al fondo no existe pronunciamiento previo por parte de la Administración desde el momento en que cerró la puerta ya de entrada al declarar la inadmisibilidad. Las posibilidades que se abren para el justiciable son igualmente dos -caso de estimarse la demanda- una primera es la retroacción del procedimiento administrativo al momento de la errónea declaración de inadmisión, con lo que el recurrente tendrá que enfrentar una nueva espera y un nuevo procedimiento judicial respecto al fondo si el resultado es desfavorable. La segunda opción sería entrar en el fondo de la cuestión resolviéndola definitivamente el Tribunal de Justicia con independencia de la falta de actuación previa de la Administración, o incluso ante la ausencia de informes preceptivos que debieran darse en dicho expediente -como sería el caso de la revisión de oficio-.

Como suele ocurrir en derecho, no es fácil dar una respuesta concluyente para todos los supuestos porque cada uno es distinto, pero sí existe desde hace ya algún tiempo jurisprudencia que avala la segunda opción -más beneficiosa casi siempre para el ciudadano al resolver definitivamente su problemática-, siempre que existan suficientes elementos de juicio para dar una respuesta ajustada a derecho.

En este sentido puede citarse Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Abril de 2008, Sección 5ª, recurso nº 711/2004, Ponente Ilmo Sr. D. Rafael Fernández Valverde que estudia un supuesto de declaración de inadmisibilidad respecto una petición de revisión de oficio acordado:

“2º.- La segunda cuestión, conectada con la anterior, sobre la que debíamos pronunciarnos, hace referencia a la posibilidad de pronunciamiento de la Sala —como así ha acontecido— en relación con la legalidad de los dos Acuerdos de concesión de licencias, los cuales, como sabemos, ha sido anulados pese a que el Ayuntamiento solo había declarado la inadmisión de la solicitud de su revisión de oficio.

Esto es, nos corresponde ahora responder al interrogante de si la sentencia debió limitarse a declarar la nulidad del Acuerdo de inadmisión, o si declarada ésta, ha resultado correcta su decisión de resolver el fondo del asunto como solicitaba el recurrente. Y en tal sentido hemos de adelantar que, desde nuestro punto de vista, así debió proceder, por lo que la actuación de la Sala de instancia hemos de considerarla ajustada al Ordenamiento jurídico; dicho de otra forma, la sentencia no debió limitarse a anular el acto recurrido y a disponer que la Administración procediera a tramitar el procedimiento de revisión de oficio, habiendo decidido —en el supuesto de autos— con corrección jurídica cuando ha conocido y resuelto el fondo del litigio…

…La conocida y recurrente decisión de retroacción de actuaciones que pudiera haber sido dispuesta por la sentencia hubiera conculcado de modo flagrante los principios de economía procesal, y, sobre todo, el constitucionalmente reconocido de tutela judicial efectiva, puesto que hubiera obligado a una nueva tramitación de la revisión con la dilación que ello comporta, y a un posterior nuevo proceso. De modo que esa solución que podría ser admitida como válida respuesta, en términos generales, no puede aceptarse si en el supuesto concreto existe la posibilidad de abordar el fondo del asunto porque el Tribunal cuenta con todos los medios necesarios para resolver la cuestión suscitada.”

STSJ de Cataluña de 26 de Febrero de 2004 cuando señala:

“Y es que el principio de efectividad de la tutela judicial deducida quedaría claramente burlado si los tribunales no decidieran respecto de aquello que la Administración pudo y debió resolver…”

La cuestión fundamental sobre la que gira la decisión de retroacción/resolución descansa en algo tan simple -o tan complejo- como que la parte recurrente aporte todos los elementos de juicio precisos para que pueda resolverse la problemática, y puede ser que estos medios ya se hayan aportado en vía administrativa o iniciada la sede judicial se «complemente» el expediente con la prueba necesaria para obtener un pronunciamiento sobre el fondo, estando muchas veces en su mano conseguir -o al menos estar en disposición de conseguir- una sentencia sobre el fondo, porque a falta de estos elementos no será viable un fallo que resuelva «a ciegas» la cuestión, acordando en el mejor de los casos la vuelta a la casilla de salida, levantando la causa de inadmisibilidad y ordenando la continuación del procedimiento conforme corresponda.

Rafael Rossi Izquierdo -Abogado-

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