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Necesidades del servicio, traslado y orden verbal.

Función Pública

necesidades del servicio

Movilidad acordada mediante orden verbal que obedece a necesidades del servicio no acreditadas. 

El concepto jurídico indeterminado de las necesidades del servicio es el pilar de muchas decisiones administrativas en materia de función pública. Ahora bien, dichas necesidades han de obedecer a motivos ciertos que justifiquen la decisión adoptada en aras del interés general. Dicha motivación, objetiva y razonable -lo contrario que arbitrario-, deberá ponerse de manifiesto a su destinatario para el caso de que requiera dicha información -STS de 24 de marzo de 2011-, con el fin de que pueda rebatirlas y ejercer su derecho de defensa. Lo que no cabe es que dicha mención se convierta en una especie de sacramento que la Administración guarde «en el fondo de su corazón» de espaldas al interesado. A continuación comentaremos el supuesto de un traslado que trae causa de una orden verbal y que discurre de modo un tanto anómalo. (más…)

Requisitos de titulación para el acceso a determinados cuerpos facultativos superiores -art. 76 TREBEP-

Función Pública

titulación

Titulación precisa para el ingreso en determinados cuerpos superiores de la Administración Pública.

Las distintas convocatorias para el ingreso, cobertura de interinidades, promoción interna vertical… establecen los requisitos de participación que deben poseer los aspirantes. En los últimos tiempos, y tras la adaptación de nuestro ordenamiento al Plan Bolonia, han surgido conflictos respecto a la interpretación del artículo 76 del TREBEP y la suficiencia del grado para la cobertura de plazas pertenecientes a cuerpos facultativos superiores, principalmente escala de ingenieros y arquitectos, que han dado lugar y diversos pronunciamientos jurisprudenciales. (más…)

Incapacidad permanente y toma de posesión.

Función Pública

 

Efectos y consecuencias de la declaración de incapacidad permanente en la toma de posesión de funcionario público / estatutario.

Uno de los requisitos para poder participar y, en su caso, acceder a la condición de funcionario de carrera / estatutario fijo tras la superación del proceso selectivo, es contar con capacidad funcional suficiente para el desempeño de las funciones propias del puesto, requisito que viene recogido en el artículo 56.1.b del Real Decreto Legislativo 5/2015 -TREBEP-, así como artículo 30.5.c de la Ley 55/2003 -Estatuto Marco-. El problema puede surgir cuando el aspirante está incurso en situación de incapacidad permanente total, y de ahí se derive su exclusión del proceso selectivo o se deniegue la toma de posesión una vez puesta de manifiesto esta circunstancia. (más…)

Escrito de personamiento en el recurso de apelación / casación contencioso, olvidos y errores.

Procesal

Consecuencias de la falta de presentación del escrito de personamiento en el recurso de apelación / casación así como del error.

Una vez interpuesto el recurso de apelación, o preparado el recurso de casación y admitido por la Sala de instancia, se apertura plazo por treinta días para el personamiento de las partes ante la Sala competente. Pudiera parecer una cuestión menor, especialmente cuando el «trabajo duro» ya está hecho, y la ley procesal de la jurisdicción contencioso administrativa nada dice sobre las consecuencias de la falta de personamiento en plazo, ni tampoco sobre cómo proceder cuando exista algún error en su presentación. (más…)

Recurso de revisión -artículos 102.1.a y 102.1.d Ley 29/1998-. STS 11 marzo 2021.

Procesal

El recurso de revisión en la ley 29/1998 y los requisitos contenidos en los artículos 102.1.a y 102.1.d. LJ.

La ley procesal de la jurisdicción contencioso administrativa -LJ- regula en el artículo 102 el recurso de revisión, que desarrolla en su apartado primero los cuatro supuestos en los que procede la revisión de una sentencia firme. En el primer apartado se trata el supuesto de que se hayan recobrado documentos no aportados por causa de fuerza mayor o mala fe de la contraparte beneficiada por el fallo. En el segundo caso cuando fueran declarados falsos documentos determinantes para el dictado de la sentencia, y la parte perjudicada lo desconociera o dicha declaración fuera posterior a la resolución judicial. El tercer supuesto concurre cuando el fallo se funda en prueba testifical, que posteriormente se ve «perjudicada» cuando los testigos fueran condenados por falso testimonio. Por último el apartado d) dispone que la revisión procede en el caso de que la sentencia se dictara en virtud de cohecho, prevaricación, violencia o maquinación fraudulenta. (más…)

Reembolso gastos defensa jurídica de funcionario público. Sentencia Juzgado Contencioso nº2 Lugo 12 marzo 2021.

Función Pública

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Sobre la procedencia del reembolso de gastos por defensa jurídica y la petición / concesión de autorización previa.

A lo largo de su carrera profesional el funcionario público puede tener que enfrentar un procedimiento penal. Llegados a este punto, es posible que la Administración asuma dicha defensa con medios propios o externos, o en su caso sea el propio funcionario quien elija esos profesionales, bien porque la Administración no se haga cargo de la defensa, o no sea del interés del funcionario dicha opción. Si al finalizar las actuaciones queda acreditada la inexistencia de cualquier ilícito en el actuar del empleado público puede surgir la disputa acerca de quién debe asumir los costes de dicha defensa. (más…)

Baremación proceso selectivo docentes mérito inglés -nivel B2 vs C1-. STJ Murcia 5 de marzo de 2021.

Función Pública

 

Improcedente superior baremación del nivel B2 en relación al C1 en proceso selectivo de docentes para el acceso a la función pública.

Es indiscutible que la fase de concurso de un proceso selectivo debe contener la relación de méritos y su ponderación para  las plazas ofertadas. Si tratamos de proceso selectivo para el acceso a la condición de funcionario de carrera docente, cuerpo de maestros -especialidad inglés- el conocimiento en este área tendrá un peso cualitativo importante en la fase de concurso. El problema puede surgir cuando la comisión de selección barema en mayor medida niveles inferiores, concretamente el nivel B2 frente al nivel C1. (más…)

Suspensión de funciones e incapacidad temporal por enfermedad. STS 2 de febrero de 2021

Función Pública

Suspensión de funciones e incompatibilidad con la declaración de incapacidad temporal por razón de enfermedad.

La declaración de incapacidad temporal -IT- por enfermedad durante el periodo de suspensión de funciones es un tema que ha generado controversia y fallos contradictorios. Una primera postura avala el reconocimiento de la IT con independencia de que el funcionario se encuentre en la situación administrativa de suspensión de funciones, y en contra otros fallos judiciales rechazan este reconocimiento al no encontrarse el funcionario en la situación de servicio activo durante el periodo de suspensión. Controversia finalmente resuelta por la STS de 2 de febrero de 2021. (más…)

Prolongación en el servicio activo del funcionario público -jubilación- y motivos para su denegación. STS 18 de enero 2021.

Función Pública

Razones que pueden justificar la denegación de la prolongación del servicio activo -jubilación- del funcionario.

El Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) dispone que la jubilación podrá ser: a) voluntaria -a solicitud del interesado-, b) forzosa -cumplimiento edad legal- y c) por declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias del puesto. Dicho esto, y en relación al cumplimiento de la edad de sesenta y cinco años, la norma contempla la posibilidad de solicitar una prórroga conforme los condicionantes que establezcan las respectivas leyes de Función Pública autonómicas. Esta solicitud habrá de ser resuelta motivadamente. (más…)

Límites a la facultad discrecional de la Administración en la incoación de expedientes sancionadores.

ProcesalSancionador

Límites a la facultad discrecional de la Administración en la incoación de expedientes sancionadores. Sentencia JCA nº1 Lugo 28 de diciembre de 2020.

Tal como refleja el artículo 62.1. de la ley 39/2015, la denuncia se configura como «el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo». La mera presentación de una denuncia no conlleva necesariamente la obligación por parte de la Administración de incoar un procedimiento sancionador. Pero tampoco implica que dicha decisión sea libérrima, en el sentido de que si existen indicios racionales de la comisión de un ilícito administrativo procede la incoación. Cuestión tratada en el fallo que vamos a comentar a continuación:

(más…)

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Casos más leídos

  1. La subsanación en procesos selectivos.
  2. Límites a la promoción interna en relación al acceso libre.
  3. Retribuciones por desempeño de funciones de superior categoría y límites presupuestarios. STS 10 febrero de 2020.
  4. El procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales y agotamiento de la vía administrativa.
  5. Cambio de puesto por razón de salud.
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