Las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso administrativa se regulan en los artículos 129 y ss. de la Ley 29/1998 (LJ). En la vía ordinaria, una vez peticionadas por el recurrente se dará traslado a la Administración demandada por plazo de diez días para alegar lo que estime oportuno, y se resuelve el incidente por Auto dentro de los cinco días siguientes -art. 132 LJ-. Por otro lado, en casos de especial urgencia se puede acudir a las medidas cautelarísimas contenidas en el artículo 135 LJ en las que el juez o tribunal resolverá en el plazo de dos días inaudita partes. (más…)
Medidas cautelares y prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario. Auto Contencioso Administrativo nº1 Pontevedra 15 abril de 2020.
En las últimas fechas hemos conocido numerosos autos resolviendo peticiones de medidas cautelares relacionadas con la prevención de riesgos del personal sanitario. Estos incidentes pueden tramitarse mediante medidas cautelarísimas o por vía ordinaria, debiendo cumplir en todo caso con ciertos requisitos procesales para asegurar la viabilidad de la pretensión. (más…)
Sobre el alcance de alguna de las propuestas efectuadas para paliar las consecuencias del estado de alarma en el ámbito procesal contencioso administrativo.
En fechas recientes se han dado a conocer distintas propuestas para enfrentar los perjuicios que el estado de alarma provoque en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, destacando el primer documento del plan de choque formulado por el CGPJ. Sobre este documento ya se ha escrito en distintos blogs y redes sociales, entre los que nos permitimos recomendar el comentario del compañero Emilio Aparicio en el excelente blog «Almacén de derecho» Link . En dicha entrada se vienen a desgranar las medidas que afectan al orden contencioso administrativo con interesantes comentarios sobre cada una, si bien en nuestro caso nos vamos a ceñir a aquellas que entendemos más perjudiciales para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. (más…)
Procedencia de indemnización por daños y perjuicios en supuestos de declaración de caducidad del procedimiento administrativo.
Hay supuestos en los que la pretensión de la parte recurrente -en sede jurisdiccional contencioso administrativa- es la declaración de caducidad del procedimiento administrativo anudando una indemnización por daños y perjuicios. Caso de estimarse la caducidad del procedimiento volveremos a la casilla de salida en el sentido de esperar el próximo movimiento de la Administración que podría comenzar un nuevo expediente que resolviera nuevamente el fondo del asunto -si la prescripción se lo permite-, pero surge la duda de si el fallo que declara la caducidad -sin prejuzgar el fondo del asunto- puede y debe realizar algún pronunciamiento sobre la petición de indemnización y su alcance. Cuestión que resuelve la reciente STS de 20 de febrero de 2020 que pasamos a comentar. (más…)
El abuso en la contratación temporal de personal funcionario /estatutario interino y sus consecuencias jurídicas.
Por un motivo u otro las tasas de temporalidad en el sector público alcanzan ratios muy elevados que desvirtúan la verdadera finalidad del nombramiento de interinidad, creando una situación de permanente inseguridad jurídica, que muchas veces eclosiona en el momento del cese del afectado. Esta situación desemboca en una alta litigiosidad en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, y en pronunciamientos no siempre uniformes, discutiéndose el tipo de vínculo que en realidad le corresponde al funcionario/estatutario, y en su caso la procedencia de indemnización, cuestiones sobre las que aporta algo de luz la reciente STJUE de 19 de marzo de 2020 -aunque igualmente abre otras incógnitas- ,que trataremos a continuación. (más…)
Procedencia del abono de las retribuciones complementarias propias del puesto de superior categoría con independencia de LGP.
Una problemática que ha venido ganando peso en los juzgados de lo contencioso administrativo viene dada por reclamaciones retributivas de funcionarios que desempeñan funciones de superior categoría. Nos estamos refiriendo a aquellos supuestos en los que el empleado público se ve obligado a desempeñar funciones que exceden de su competencia pero el percibo de sus retribuciones se mantiene inalterado cuando en realidad su cometido funcional ha mutado en gran medida. (más…)
Consecuencias de la falta de comprobación de la justificación de una subvención previamente concedida.
Tras la presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la bases de la convocatoria puede ocurrir que el plazo de comprobación se prolongue más allá de lo deseable, pudiendo el administrado iniciar un proceso judicial en la vía jurisdiccional para el abono de lo debido. Sobre esta cuestión se pronuncia el reciente fallo del Tribunal Supremo de fecha 29 de enero de 2020 . (más…)
Responsable del abono de la prestación farmacéutica hospitalaria a pacientes no ingresados pertenecientes a MUFACE.
Una controversia que ha vuelto a ponerse de manifiesto en fechas recientes es la posible consideración de tercero obligado al pago de la entidad MUFACE, en relación al coste de la prestación farmacéutica hospitalaria a pacientes no ingresados que tengan la condición de mutualistas, y hayan optado por la prestación sanitaria a través de los servicios públicos de salud. La problemática jurídica no es sencilla siendo interesante comentar algún fallo reciente sobre el particular. (más…)
Discriminación e infracción del principio de igualdad (23.2. CE) al contener las bases de una convocatoria un tratamiento diferente para un mismo mérito -expediente académico-.
Las bases de una convocatoria de procedimiento selectivo se configuran, conforme reiterada jurisprudencia, como la «ley del concurso», vinculando a todas las partes, aspirantes y Administración. Dentro de las referidas bases se determinarán los méritos a baremar en la fase de concurso, siendo uno de los más comúnmente aceptado el expediente académico, de tal modo que el que refleje las mejores calificaciones alcanzará mejor calificación.
En la presente entrada vamos a comentar un supuesto ciertamente extraño en el que la puntuación del mismo expediente dependía de la escala utilizada para su acreditación. (más…)
Negociación en el ámbito de la función pública, aportación documental precisa y principio de buena fe.
La negociación colectiva se configura como uno de los derechos propios del personal funcionario en lo que se refiera a la fijación de sus condiciones de trabajo -artículo 31 el Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP)-. Con dicho objeto se regulan las Mesas de Negociación cuya actuación estará presidida por los principios de buena fe y transparencia, alcanzando dichos principios a todos los partícipes en la misma -inclusive Administración-, y caso de no cumplir con dichos postulados pudiera descarrilar lo finalmente aprobado. (más…)
