Integración de funcionario de carrera en la Administración autonómica conforme D.T. 13 Ley 2/2015 de empleo de Galicia.
En distintas leyes de función pública se ha venido regulando la integración de personal funcionario de carrera proveniente de otra Administración. Es el caso de la Disposición Transitoria Decimotercera de la Ley 2/2015 de empleo de Galicia (DT 13 en adelante) que facilita este mecanismo de integración en la Administración autonómica gallega, incluyendo en esta ocasión -como puesto de origen- los desempeñados en el sector público autonómico, cuestión esta última que trataremos en la presente entrada. (más…)
Liberado sindical, actuación en juicio y régimen de incompatibilidades (II)
En una anterior entrada del blog Link tratábamos la problemática de la actuación en juicio de los liberados sindicales institucionales y su posible afectación por el régimen de incompatibilidades del personal funcionario/estatutario, cuestión nada pacífica, concluyendo entonces lo improcedente de que la Administración obstaculice dicho ejercicio al incardinarse dentro de la potestad de autoorganización del sindicato. En esta entrada trataremos un reciente fallo del TSJ Navarra que entra en el fondo de esta cuestión. (más…)
Posibilidad de subsanación en procedimientos selectivos.
En cualquier procedimiento selectivo de acceso a la función pública, cobertura de interinidades, concursos… el aspirante tiene que cumplir con los requisitos formales fijados en las bases de la convocatoria, que son «la ley del concurso» y vinculan tanto a la Administración como a los partícipes conforme reiterada jurisprudencia. En dichas bases se regulará qué documental habrá que aportar en cada momento y su finalidad. Las posibilidades son muy variadas y pueden referirse tanto a la acreditación de los requisitos de participación, experiencia previa, formación, o cualquier otro mérito. A lo largo del proceso es frecuente que se produzcan errores o imprecisiones en la aportación documental planteándose la duda de si es posible enmendar el error padecido una vez que el plazo original finalizó. (más…)
Ejecución de sentencia frente a Administración no demandada por incumplimiento de la obligación de cotizar de la Administración demandada. Ministerio de Justicia y TGSS.
En una entrada anterior Link tratábamos el caso de los jueces y magistrados sustitutos que prestaron funciones jurisdiccionales antes de la entrada en vigor del RD 960/1990, en el sentido de que su régimen protector era sensiblemente más reducido que el que operaba respecto al resto del «universo» de funcionarios interinos (AGE, CCAA o entidades locales), no incluyendo entre otras la prestación por jubilación, conculcando por ello el artículo 14 CE.
Tras la sustanciación de un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, y posterior recurso de apelación, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de marzo de 2017 estima íntegramente el recurso al entender que efectivamente existe violación del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación contenido en el artículo 14 de la Carta Magna. Tratando en esta entrada sobre la ejecución del referido fallo. (más…)
Admisibilidad del recurso de casación autonómico y el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
Al carecer el recurso de casación autonómico de regulación en la ley procesal -el artículo 86.3. LJ se limita a mencionar la procedencia de su interposición cuando se fundamente en infracción de normativa autonómica- se plantea la cuestión de cómo afrontar la preparación de dicho recurso, existiendo pronunciamientos dispares. En algunas ocasiones la preparación del recurso ha sido inadmitida de plano por carecer de desarrollo normativo -a diferencia del recurso de casación ante el TS-, si bien actualmente existe una corriente mayoritaria -más acorde con el principio «pro actione»- favorable a su sustanciación, pero con unas particularidades añadidas cuando la resolución impugnada provenga del propio TSJ y no de un juzgado unipersonal. Siendo éste el caso resuelto por el Auto del TSJ Galicia de 7 de febrero de 2018 que pasamos a tratar. (más…)
Ejecución de un fallo estimatorio en proceso selectivo respecto a los aspirantes no recurrentes.
Una de las preguntas que más se repite a la hora de valorar la interposición de un recurso contencioso frente a un proceso selectivo -aparte de la viabilidad y coste económico- es conocer que ocurrirá para el caso de no impugnar en nombre propio y esperar el desenlace de esos primeros recursos «desde la barrera», y para el caso de que el resultado sea favorable intentar recoger los frutos ya maduros en la ejecución. En sentido inverso también es común que los que deciden enfrentar la incierta travesía del recurso judicial lamenten que pueda haber otros aspirantes que manteniendo una actitud pasiva puedan sacar provecho de su esfuerzo. El alcance de esa ejecución es la cuestión sobre la que trataremos en la presente entrada del blog. (más…)
Improcedente exclusión de los listados de contratación temporal por retraso en comparecer al llamamiento.
Al objeto de garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo temporal muchas Administraciones Públicas disponen de una regulación propia, en base a la que se crean distintos listados, regulan los méritos baremables, o se fija el procedimiento a seguir para las situaciones más comunes que pueden darse. También desarrollan las consecuencias de la no comparecencia al llamamiento o el rechazo injustificado al nombramiento, perdiendo el aspirante sus derechos y quedando excluidos de la lista por un tiempo determinado. La cuestión es que por lógica dichas normas no pueden contemplar cada una de las múltiplessituaciones que pueden darse -al objeto de entender si estamos ante una no comparecencia o rechazo-, cuestión sobre la que vamos a tratar en la presente entrada.
Plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial por demolición parcial de una vivienda.
La anulación total o parcial en sede judicial de una licencia urbanística -que implica finalmente la demolición de una parte o la totalidad de una edificación- acaba generando importantes perjuicios a terceros compradores que en muchas ocasiones actuaron de buena fe en la creencia de que el otorgamiento previo de la licencia urbanística «garantizaba» el buen fin de la compraventa. Por otro lado a menudo los recursos y los distintos incidentes de ejecución retrasan considerablemente la ejecución definitiva del fallo, de tal modo que cuando los propietarios sufren efectivamente los perjuicios derivados de la ejecución material del derribo pueden haber transcurrido años, incluso lustros, desde la firmeza del fallo anulatorio, surgiendo dudas respecto al dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial. (más…)
Vinculación de hechos declarados probados entre la jurisdicción contenciosa / social y principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.
Unos mismos hechos pueden dar lugar a la incoación de distintos expedientes administrativos, que a su vez pueden ser fiscalizados en distintos órdenes jurisdiccionales, como ocurre en el caso que vamos a tratar, en el que se procede a un alta de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y la incoación de un procedimiento sancionador, finalizando ambos procesos judiciales en la instancia con pronunciamientos dispares, siendo interesante jurídicamente valorar el grado de vinculación que puede o no puede desplegar el primer fallo judicial firme respecto a otro posterior de distinto orden jurisdiccional. (más…)
Consecuencias procesales al apartarse erróneamente de las indicaciones contenidas en el pie de recursos.
El artículo 40.2. de la vigente Ley 39/2015 señala claramente cuál ha de ser el contenido de cualquier notificación y su pie de recursos, y así señala: «Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.». En principio la cuestión parece no tener mucha complejidad ya que, una vez ilustrado del régimen de recursos procedentes, el administrado podrá hacer uso de los mismos, pero en ocasiones el tema es más complejo si dicha indicación es errada, o así lo cree el recurrente -cuestión sobre la que tratará la presente entrada- (más…)
