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Desistimiento en la jurisdicción contencioso administrativa y sus límites. Auto TSJ Castilla León 3 de julio 2019.

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Límites al desistimiento en la jurisdicción contencioso administrativa y posible fraude procesal.

La ley de la jurisdicción contencioso administrativa incluye el desistimiento como uno de los modos de terminación del procedimiento -artículo 74 LJ-, siendo la regla general que el recurrente puede en cualquier momento poner fin al procedimiento. En la mayoría de las ocasiones el desistimiento es tramitado de forma ágil y sencilla toda vez que no suele plantearse oposición por la contraparte más allá de la discusión respecto a la imposición de las costas. (más…)

Límites a la legitimación del denunciante en la jurisdicción contenciosa. STS 28 de enero de 2019.

Límites a la legitimación del denunciante en el proceso contencioso administrativo.

La regulación de la legitimación en la jurisdicción contencioso administrativa viene regulada en el artículo 19 de la ley 29/1998, y como criterio general acudimos a su apartado 1.a.  en el que se exige ostentar un derecho o al menos un interés legítimo, teniendo este último una proyección bastante amplia al tener un impacto directo en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), si bien tiene obviamente límites en los ámbitos en los que no opera la acción pública. Uno de los supuestos donde se viene generando más fricción -a la hora de fijar sus límites- viene dado por la postura y alcance de la legitimación  del denunciante que pretende fiscalizar judicialmente una concreta sanción -o ausencia de ella- en un procedimiento que entiende le afecta. (más…)

Prescripción de la sanción, silencio presunto a la alzada y ley 40/2015.

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Silencio presunto en vía de recurso de alzada frente a resolución sancionadora y prescripción de la sanción a la luz de la ley 40/2015.

Uno de los males que el administrado viene padeciendo con relativa frecuencia es la ausencia de respuesta expresa a sus recursos, y ello a pesar del mandato imperativo contenido tanto en la derogada ley 30/1992 como en la vigente 39/2015. La ley 40/2015 introduce una importante novedad que tiene relación con esta casuística y más en concreto con la fijación del dies a quo para el cómputo de la prescripción de la sanción recurrida en una alzada no resuelta. (más…)

Acreditación de la representación en vía de recurso administrativo e improcedente declaración de desistimiento.

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La acreditación de la representación en sede de recurso administrativo y posibles consecuencias respecto de su falta de cumplimentación.

Tanto la derogada ley 30/1992 como la vigente 39/2015 establecen en su articulado previsiones en cuanto a la acreditación de la representación, nos estamos refiriendo a los artículos 32.3 y 32.4 de la 30/1992 y artículo 5 de la Ley 39/2015, y más en concreto al posible defecto en dicha acreditación en sede de recurso administrativo con los efectos que de ello se deriven, principalmente la posibilidad de que se declare al recurrente desistido del recurso y confirmada la resolución administrativa impugnada. (más…)

Legitimación activa de la Junta de Personal. STJ Galicia 23 enero 2019

Alcance de la legitimación activa de la Junta de Personal en el orden contencioso administrativo. STJ Galicia 23 enero de 2019.

Uno de los requisitos procesales indispensable para entablar cualquier proceso contencioso administrativo viene determinado por ostentar la necesaria legitimación activa conforme  artículo 19 de la Ley 29/1998. En materia de personal no cabe acudir a una inexistente acción pública debiendo el recurrente justificar un interés legítimo en la interposición de cada recurso,  tratando a continuación del alcance de esa legitimación en relación a la Junta de Personal. (más…)

Responsabilidad patrimonial posterior a anulación de acto administrativo. Inexistencia de «cosa juzgada virtual»

Posibilidad de iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial tras la existencia de sentencia favorable.

La vigente ley de la jurisdicción contencioso administrativa habilita al recurrente a instar el reconocimiento de una situación jurídica individualizada junto a la anulación del acto, citando expresamente entre las varias posibilidades la fijación de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos consecuencia de la actividad cuya revocación se pretende. El artículo 71 LJ establece igualmente como contenido necesario del fallo judicial la determinación del alcance de la indemnización cuando se hubiere peticionado por el recurrente y consten probados los elementos suficientes para ello. La cuestión es determinar que ocurre cuando el recurrente no peticiona nada en su demanda inicial más allá de la anulación del acto. ¿Cierra esto la vía a cualquier reclamación indemnizatoria ulterior por aplicación del artículo 400 LEC? ¿Cabe iniciar en base a dicho fallo estimatorio un procedimiento posterior de responsabilidad patrimonial?. (más…)

El plazo para la interposición del recurso, extemporaneidad y la posible «concurrencia de culpas». STJ Galicia 3 octubre 2007

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Extemporaneidad en la interposición del recurso y la posible existencia de «concurrencia de culpas».

Antes de la interposición de cualquier contencioso es recomendable realizar una lista de comprobación o «checklist» en el que repasemos los requisitos formales y procedimentales básicos, evitando así -en la medida de lo posible- sorpresas en la contestación a la demanda, porque muy probablemente el letrado de la Administración sí examinará esas cuestiones, como puede ser el cumplimiento de los plazos procesales (art. 46 LJ). En relación a la interposición tardía de un recurso hubo un supuesto un tanto atípico, hace ya algunos años, en el que hubo que enfrentar el vencimiento del plazo máximo para interponer un recurso contencioso frente a una disposición de carácter general con la actuación previa de la Administración, que en cierta medida coadyuvó a que se produjera esa situación, siendo fiscalizado en sede judicial. (más…)

El funcionario y la defensa en juicio de sus derechos estatutarios. Art. 23.3. LJ

La asunción por el funcionario público de su defensa en juicio. Alcance y límites.

La ley de la jurisdicción contenciosa ha venido reconociendo la posibilidad de que el funcionario público asuma su propia defensa en litigios contencioso administrativos que versen sobre sus derechos estatutarios. Si bien esta facultad ha sufrido distintas reformas legales -y no siempre se ha admitido-, actualmente el artículo 23.3. de la ley 29/1998 de la jurisdicción contencioso administrativa (LJ) dispone  «Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles», aunque dicha potestad no es ilimitada como veremos a continuación. (más…)

Denegación de prueba, «posverdad» e indefensión en el procedimiento administrativo.

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La denegación de prueba en la instrucción del procedimiento administrativo y posibles efectos.

En fechas recientes se han publicado dos entradas muy interesantes que tienen como eje la prueba en el procedimiento administrativo, por un lado en el blog del abogado Diego Gomez se desarrollaba la cuestión de las limitaciones y prohibiciones probatorias en fase de recurso administrativo contenidas en el art. 118 de la Ley 39/2015 Link ; y por otro en el blog referencia de derecho público del magistrado JR Chaves se expuso un curioso supuesto de prueba testifical «en conjunto» Link . En esta entrada nos centraremos en otro aspecto que es la denegación por el instructor de la prueba propuesta, que finalmente tiene como consecuencia la desestimación de la reclamación en base a esa «laguna» probatoria -no imputable al administrado-. (más…)

Ejecución de sentencia por incumplimiento de la obligación de cotizar. Ministerio de Justicia y TGSS.

 

Ejecución de sentencia frente a Administración no demandada por incumplimiento de la obligación de cotizar de la Administración demandada. Ministerio de Justicia y TGSS.

En una entrada anterior Link tratábamos el caso de los jueces y magistrados sustitutos que prestaron funciones jurisdiccionales antes de la entrada en vigor del RD 960/1990, en el sentido de que su régimen protector era sensiblemente más reducido que el que operaba respecto al resto del «universo» de funcionarios interinos (AGE, CCAA o entidades locales), no incluyendo entre otras la prestación por jubilación, conculcando por ello el artículo 14 CE.

Tras la sustanciación de un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, y posterior recurso de apelación, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de marzo de 2017 estima íntegramente el recurso al entender que efectivamente existe violación del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación contenido en el artículo 14 de la Carta Magna. Tratando en esta entrada sobre la ejecución del referido fallo.  (más…)

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